La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra actualmente en un debate de alto riesgo sobre cuánto poder debería tener el gobierno para rastrear a los ciudadanos a través de sus huellas digitales. En el meollo del asunto está Chatrie v. Estados Unidos, un caso que pone a prueba los límites de la privacidad en una era en la que nuestros teléfonos inteligentes registran constantemente nuestros movimientos.
El conflicto central: ¿Qué es una orden de “geocerca”?
El caso se centra en una controvertida herramienta de investigación conocida como orden de “geocerca”. A diferencia de la vigilancia tradicional que se dirige a un individuo específico, una orden de geocerca solicita a las empresas de tecnología, como Google, que identifiquen a todos los que estuvieron presentes dentro de un área geográfica específica durante un período de tiempo específico.
En el caso Chatrie, la policía utilizó este método para investigar un robo a un banco en Midlothian, Virginia. Obtuvieron una orden judicial para un radio de 150 metros alrededor de la escena del crimen, que sin darse cuenta incluía una iglesia cercana. A través de un proceso escalonado, Google proporcionó datos anónimos de 19 personas en el área; La policía finalmente redujo el asunto a tres personas específicas, una de las cuales era la acusada, Chatrie.
La división judicial: tres perspectivas emergentes
Durante los argumentos orales, los jueces parecieron dividirse en tres bandos distintos con respecto a cuánta protección debería brindar la Cuarta Enmienda a los usuarios digitales:
1. La visión pro-aplicación de la ley
Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito señalaron su deseo de limitar el alcance de las protecciones de privacidad existentes. El juez Alito argumentó que los precedentes actuales, como la decisión Carpenter de 2018, solo deberían aplicarse a los datos que los usuarios “no tienen más remedio que revelar” (como las conexiones de las torres de telefonía móvil). Según esta lógica, si un usuario puede “optar por no participar” en el seguimiento de ubicación en una aplicación como Google Maps, es posible que el gobierno no necesite una orden judicial para acceder a esos datos.
El riesgo: Si prevalece esta opinión, el gobierno podría rastrear los movimientos de casi cualquier persona simplemente confiando en aplicaciones donde compartir la ubicación es opcional.
2. La vista de protección de la privacidad
Otros jueces expresaron su profunda preocupación por la naturaleza “redonda” de estas órdenes. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, señaló el escalofriante potencial de una extralimitación del gobierno, señalando que tales órdenes podrían permitir a la policía identificar a cada persona que asista a un servicio religioso o un mitin político. El juez Neil Gorsuch y la jueza Amy Coney Barrett también dieron la alarma, sugiriendo que si se acepta la lógica del gobierno, la policía podría obtener acceso sin orden judicial a datos personales confidenciales como correos electrónicos, fotografías e incluso movimientos específicos de personas dentro de habitaciones privadas.
3. El término medio
Algunos jueces sugirieron un enfoque de “límites razonables”. El juez Brett Kavanaugh indicó que las órdenes de geocerca podrían ser constitucionales siempre que estén estrictamente limitadas tanto en el tiempo como en la geografía. De manera similar, el Juez Ketanji Brown Jackson sugirió que si bien identificar a un pequeño grupo de personas cerca de la escena del crimen podría ser aceptable con una orden judicial, se debería requerir supervisión judicial adicional antes de que la policía pueda “desenmascarar” a individuos específicos de ese grupo.
Por qué esto es importante para el futuro de la privacidad
La tensión legal en Chatrie surge de una pregunta fundamental: ¿El uso digital “voluntario” renuncia a su derecho a la privacidad?
Si el Tribunal dictamina que el uso de una aplicación constituye un “consentimiento” para ser rastreado, las protecciones de privacidad digital establecidas en los últimos años podrían verse significativamente erosionadas. Sin embargo, el Tribunal parece cauteloso a la hora de crear un “salvaje oeste” de vigilancia en el que el gobierno pueda vigilar multitudes enteras de manifestantes o fieles sin sospechas específicas.
Conclusión
Se espera que la Corte Suprema emita un fallo cauteloso y matizado que mantenga el requisito de las órdenes judiciales pero deje gran parte de la implementación práctica a los tribunales inferiores. Si bien es posible que la decisión no revoque la ley existente, probablemente indicará cuánta vigilancia de “red digital” tolerará la Constitución en un mundo cada vez más conectado.
